Las irregularidades en deuda de Coahuila deben ser aclaradas, señalan legisladores
Armando Estrop
Ciudad de México (21 diciembre 2011).- La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar dónde quedó el dinero y el posible delito de enriquecimiento ilícito en el caso de la deuda de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira como Gobernador, coincidieron ayer legisladores del PRD y del PAN.
La perredista Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, advirtió que la sociedad está esperando que la impartición de justicia en delitos relacionados con funcionarios públicos sea ejemplar.
En el caso de las irregularidades detectadas en la contratación de deuda pública de Coahuila no se puede sólo castigar la falsificación de documentos, pues, sostuvo, existen elementos para presumir que se cometieron otros delitos.
"La PGR debe buscar el posible delito de enriquecimiento ilícito con los recursos de la deuda de Coahuila. Me parece que se tendría que revisar también la posibilidad de un fraude, porque lo que se hizo fue falsificar un documento para obtener un beneficio", indicó en entrevista.
Damián Peralta aseguró que es de todos conocida en Coahuila la gran cantidad de propiedades que Humberto Moreira adquirió durante su administración.
"Con los elementos que tienen, no pueden quedarse cruzados de brazos y decir que sólo es un delito de falsificación. Se tendría que investigar todo y se tendría que empezar por los delitos más delicados", insistió.
"Los 33 mil millones de pesos de deuda no se han podido justificar en ningún tipo de obras. No se sabe ni siquiera qué tipo de fondos, estatales o federales, se están utilizando para pagar".
La legisladora expresó su confianza confió en que la titular de la PGR, Marisela Morales, actuará en este caso como lo ha hecho en otros en los que han ido al fondo del asunto sin importar los involucrados.
"La Procuradora no se distingue por hacer las cosas a medias. El reconocimiento social y público que ha obtenido le dan la solvencia para que en un caso de deuda como el de Coahuila se llegue hasta el fondo", apuntó.
En tanto, el senador panista Federico Döring, uno de los primeros en denunciar irregularidades en el endeudamiento contratado durante la gestión de Moreira, urgió a llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
"Lo que queremos es verlos a todos en la cárcel", señaló.
Consideró que la denuncia en contra de Vicente Chaires, a quien se ubica como prestanombres, puede llevar a vincular a Moreira con el fraude.
"El caso que va a involucrar a Humberto Moreira es el de Vicente Chaires. Toda la información que no va a poder acreditar va ir a Humberto Moreira", comentó.
La bancada del PAN en el Senado, adelantó, va a estar pendiente de que se avance en ambos casos para garantizar que no queden impunes los delitos.
El caso, agregó, servirá para que se aplique la ley y para que todos los coahuilenses comprueben la forma en que se administró su dinero durante el Gobierno de Humberto Moreira.
Hallan anomalía en firma de SHCP
La Procuraduría General de la República (PGR) detectó que podría ser falsa la firma del ex funcionario de la Secretaría de Hacienda con la que se autorizó que los créditos solicitados por Coahuila, a partir de decretos apócrifos del Congreso local, se pagaran con parte de participaciones federales.
Jaime René Jiménez Flores, entonces director de deuda pública de entidades y municipios, ha sido involucrado, junto con funcionarios de Coahuila, en las averiguaciones previas por la contratación ilegal de créditos bancarios cuando la entidad era gobernada por Humberto Moreira y su sucesor Jorge Torres.
Jiménez Flores era el encargado de inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios todos los contratos de deuda adquirida por los estados para que se fuera pagando a los bancos a través de las participaciones federales que les corresponden a los gobiernos locales.
En la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación se señala que los oficios de inscripción en el registro llevan la firma del ex funcionario y el sello del área a su cargo, a pesar de que contienen datos falsos y que aluden a autorizaciones del Congreso local que nunca se dieron para la contratación de empréstitos.
La PGR inició cinco averiguaciones previas, una por cada crédito solicitado, por un monto de 5 mil 300 millones de pesos, y recabó pruebas para preparar la acusación formal en contra de los funcionarios involucrados.
Entre las pruebas se encuentra el cotejo de la firma del entonces director de deuda pública de entidades y municipios.
"(Se recabaron) dictámenes en materia de grafoscopía y documentoscopía por peritos de la PGR, en donde se concluyó que la firma y escritura de Jaime René Jiménez Flores que aparece en los contratos no corresponde por su ejecución a las firmas y escrituras tomadas a éste como base del cotejo", se indica en un reporte del avance de la investigación.
Se señala también a 11 personas que fueron funcionarios en los gobiernos de Moreira y Torres como presuntos responsables de delitos no graves como asociación delictuosa y falsificación de sellos y documentos de la Federación.
Entre las pruebas que faltaban por recabar se encuentra el resultado de un dictamen en materia de grafoscopía para determinar el origen gráfico de las leyendas inscritas en los cinco contratos de crédito simple.
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